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El proyecto de Presupuesto nacional 2027 prevé $4,43 billones de gasto de la Administración Nacional con destino geográfico en Salta. La cifra puede resultar impactante a primera vista, pero la letra chica muestra que no se trata de dinero que vaya a ingresar directamente a las arcas del gobierno provincial.
El dato central del análisis realizado por la agencia Ciudadana Comunicación es que unos $3,96 billones, alrededor del 89% del total, aparecen clasificados como transferencias. Son recursos que la Nación prevé destinar a personas, instituciones y otros beneficiarios de la provincia. Allí se encuentran principalmente las prestaciones de la ANSeS.
El organismo concentra unos $3,28 billones del gasto territorializado en Salta. El mayor componente es la jubilación, con aproximadamente $2,06 billones. También aparecen $597.922 millones en moratorias, $253.065 millones vinculados con la atención de ex cajas provinciales y distintas pensiones.
A eso se suman $599.666 millones en asignaciones familiares, de los cuales unos $403.145 millones corresponden a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Así, una parte sustancial del dinero que figura como gasto nacional en Salta no pasa por el presupuesto provincial: llega directamente a los hogares. Es una diferencia relevante a la hora de leer la relación entre el presupuesto nacional y las cuentas de la provincia.
El proyecto también contempla recursos para infraestructura. Para Vialidad Nacional aparecen unos $112.548 millones, con una partida de aproximadamente $69.114 millones destinada al corredor de las rutas nacionales 9 y 34.
En conjunto, las obras nacionales identificadas para Salta superan los $127.000 millones, incluyendo infraestructura vial, agua y saneamiento. Para este último rubro, se contemplan unos $16.641 millones.
Pero hay una advertencia que atraviesa el pues el hecho de que una obra figure en el presupuesto no significa que el monto vaya a ejecutarse en 2027. Mucho menos en la era libertaria que se resiste a llevar adelante obra pública.
La experiencia de este año es significativa. Según los datos utilizados por Ciudadana Comunicación, la inversión pública nacional acumulaba hasta agosto una caída real del 22,7%, pese a una recuperación registrada durante julio y agosto.
Por eso, el dato presupuestario será apenas el punto de partida. Para medir el impacto concreto en Salta habrá que mirar durante el año cuánto crédito se ejecuta y cuál es el avance físico de cada obra.
El presupuesto también territorializa $310.962 millones en salud. La cifra incluye recursos para salud pública y atención primaria, pero también prestaciones vinculadas con pensiones no contributivas y discapacidad. Por eso, no puede interpretarse como financiamiento directo para los hospitales o para el sistema sanitario provincial.
En educación aparecen unos $114.807 millones, que incluyen funcionamiento universitario, salarios docentes y no docentes, infraestructura, equipamiento, alfabetización, educación técnico-profesional y ciencia y tecnología universitaria. En seguridad, el proyecto prevé $206.233 millones de gasto nacional con destino a Salta. Gendarmería Nacional concentra $116.591 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal suma $33.105 millones y la Policía Federal otros $12.910 millones.
También aparecen recursos para organismos nacionales con presencia en la provincia, entre ellos $8.049 millones para el INTA, $1.518 millones para el INTI y $4.724 millones para Parques Nacionales.
La otra dimensión clave es la de los recursos que sí llegan a las provincias. El proyecto contempla $104,03 billones en transferencias automáticas a provincias y CABA. En términos reales, el incremento nacional proyectado respecto de 2026 es del 7,5%.
Para Salta, en cambio, el análisis de impacto presupuestario estima un crecimiento real del 5,6% respecto de 2026 y de apenas 0,5% frente a 2023. Es decir, aunque la masa de recursos coparticipables aumenta, la evolución proyectada para Salta queda por debajo del promedio nacional.
La diferencia es todavía mayor cuando se observan las transferencias no automáticas. El Presupuesto 2027 prevé unos $2,59 billones para provincias y municipios, pero el análisis estima una caída real del 1,8% respecto de 2026, del 35,5% frente a 2025 y del 81,2% en comparación con 2023.
Son fondos que pueden financiar obras, programas específicos y otras necesidades que no se distribuyen mediante las reglas automáticas de coparticipación.
El proyecto de Presupuesto aumenta nominalmente el gasto nacional alrededor de 36,5% respecto del crédito aprobado para 2026. Pero la comparación cambia cuando se incorpora la inflación y, sobre todo, cuando se observa la ejecución efectiva.
Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso utilizados en el informe muestran que entre enero y agosto de 2026, el gasto total de la Administración Nacional cayó un 1% en términos reales. En programas sociales, la reducción real fue del 22,6%, mientras que la inversión pública acumuló una baja del 22,7%.
Entonces, la fotografía es más compleja que la de un presupuesto simplemente “mayor” o “menor”. El proyecto combina un incremento nominal del gasto con una política de contención que tiene efectos diferentes según el área y el tipo de transferencia.
Para Salta, la discusión presupuestaria tendrá varias capas: cuánto dinero nacional se ejecutará efectivamente en la provincia, cuánto llegará directamente a los hogares, qué obras lograrán avanzar y cuál será la evolución de los recursos que sí administra el gobierno provincial.
Fuente: Maira López para Salta/12
