El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad habló por teléfono el lunes con su par salteño Pablo Outes y acordaron que los legisladores de Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz bajarán al recinto este miércoles para impulsar el debate de las leyes que promueven un alivio a las familias endeudadas con bancos y billeteras virtuales, pero también para que no caiga la emergencia en discapacidad.

Ambos diputados pertenecen a la rebautizada bancada Argentina Federal, ex Innovación Federal, y además de cuatro misioneros y tres salteños la integran el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo Gustavo González, dos ex libertarios que se fueron del bloque oficialista junto con Marcela Pagano el año pasado. Con ellos, según los cálculos de los opositores, estaría casi garantizado el quórum para iniciar la sesión.

El oficialismo presume que no podrá vaciar el recinto y tendrá que hacer frente a la sesión especial convocada por la oposición. "Hay que ver la chance de usarla a nuestro favor cuando sabemos que es una situación difícil de dar vuelta, se pierde mucho tiempo tratando de tirar abajo algo que ya se sabe que por ahí consiguen quórum y hay que buscar la forma de volverlo a tu favor", razonó un libertario.

Por eso, Martín Menem estaría planificando una maniobra para evitar que sus adversarios en la Cámara Baja logren emplazar las comisiones para discutir los proyectos de alivio al endeudamiento familiar, una serie de medio centenar de iniciativas contra la usura de las billeteras virtuales y los bancos. 

​El riojano podría ofrecerles a los aliados que no voten a favor de los proyectos "anti - Galperín", en referencia a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, a cambio de habilitar el debate sobre la emergencia en discapacidad.

​El desafío para los libertarios sería que no solamente los misioneros y salteños estarían dispuestos a votar los emplazamientos según fuentes parlamentarias. A esos siete, se suman los 93 del peronismo, los cuatro del FIT, dos lilitos, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, los tres de Catamarca, Marcela Pagano, Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández y la neuquina Karina Maureira y 15 de Provincias Unidas. En total, serían 130.

Sin embargo, restan 48 horas y desde el entorno de Diego Santilli dijeron que trabajan para torcer voluntades. O sea, el Ministerio del Interior no renuncia al diálogo con los gobernadores para evitar que la oposición se imponga en el Congreso.

El precario optimismo de los promotores de la sesión se basa en que consiguieron 133 votos a favor del apartamiento del reglamento en la última sesión, para poner en tratamiento los proyectos que ahora están incorporados al temario.

De ese bloque, Menem habría logrado bajar al santafecino José Núñez, el chubutense Jorge "Loma" Ávila y el rionegrino Sergio Capozzi. Los tres habían apoyado la moción de apartamiento del reglamento en la última sesión, para debatir los proyectos opositores, pero ya esa misma tarde se jactaban cerca de Gabriel Bornoroni que ese triunvirato no daría quórum para una sesión especial con ese temario.

Al cierre de esta nota, el trío de Independencia, compuesto por los legisladores que responden a Osvaldo Jalo, se inclinaba a no facilitar el quórum a la oposición. Osvaldo Jaldo se mantenía imperturbable, aún cuando los legisladores que contactaban a los suyos explicaban que el emplazamiento de los proyectos, que es en resumen lo que buscan los opositores, no tenía ninguna afectación sobre el déficit.

Fuente: La Política on Line

Mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 27.801, que instauró el nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.

La norma designa al Ministerio de Justicia como Autoridad de Aplicación y le encomienda la implementación y coordinación del sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal. Según se desprende de los fundamentos del decreto, el objetivo es garantizar una puesta en marcha integral del régimen, orientado a fomentar la responsabilidad legal de los adolescentes por sus actos, así como su educación, resocialización e integración social.

Entre los principales aspectos reglamentados figura la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, un cuerpo de profesionales especializados que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los jóvenes imputados. Hasta que se realice la primera convocatoria pública para integrar ese registro, el Ministerio de Justicia deberá conformar un listado provisorio de profesionales habilitados, mecanismo que tendrá una vigencia máxima de 180 días.

El decreto también establece que los supervisores deberán contar con formación específica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, trabajo social o tratamiento de adicciones, y prevé mecanismos de capacitación permanente y reemplazo en caso de impedimentos para ejercer sus funciones.

Asimismo, el Ejecutivo creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y estará integrado por representantes de las carteras de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su misión será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción de adolescentes alcanzados por el sistema, además de promover el intercambio de información técnica y estadística.

En paralelo, se constituyó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un ámbito permanente de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus objetivos se encuentran armonizar criterios de implementación, intercambiar experiencias y facilitar acuerdos de cooperación entre jurisdicciones.

La reglamentación también pone el foco en los derechos de las víctimas, contemplados en la Ley 27.801. En ese sentido, el Gobierno destacó la necesidad de garantizar asistencia especializada, tutela judicial efectiva y patrocinio jurídico gratuito para quienes resulten afectados por los delitos cometidos por adolescentes.

Otro de los ejes centrales es la articulación con los sistemas de salud, educación, seguridad y protección integral de la niñez y adolescencia, así como con programas sociales, culturales y laborales. El decreto faculta a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas complementarias necesarias para implementar medidas socioeducativas, penas alternativas y otros dispositivos previstos por la legislación.

Finalmente, la reglamentación establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia para facilitar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen, preservando la reserva y confidencialidad de los procesos judiciales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad Nacional, Juan Bautista Mahiques, entrará en vigencia junto con la Ley 27.801.

Tres cooperativistas fueron detenidos este jueves 3, por la mañana, cuando intentaron acercarse al intendente Franco Hernández Berni cuando éste salía de una entrevista radial en B° Los Payos. Tres móviles policiales y alrededor de tres efectivos trasladaron a los detenidos a la Comisaría 3°. El hecho generó amplio repudio por parte del sector y de la sociedad hacia el jefe comunal.

Los tres detenidos eran los cooperativistas Segundo, Delgado y Salinas. El grupo fue detenido cuando se acercó a la emisora FM Del Sol, donde el intendente Hernández Berni era entrevistado, poco antes de las 10 de la mañana de este jueves. Era el segundo día que el jefe comunal brindaba espacio en dicha emisora y así, los cooperativistas llegaron con el fin de plantear las inquietudes sobre obra pública y pagos demorados.

La reacción del intendente fue llamar a los efectivos policiales, quienes a su vez trasladaron a todos a la Comisaría 3°. Anoticiados, varios referentes de cooperativas, en similar situación a la de los detenidos, se acercó en protesta a la dependencia policial, exigiendo la liberación.

El cooperativista “Nicky” Flores, en declaraciones, calificó como “abuso de poder” lo actuado por Hernández Berni. “En su discurso es muy bonito, habla de diálogo, de acercamiento y lo primero que hace es mandarte preso (…) acá estamos todos, que nos metan preso a todos, porque esto ya rebalsó el vaso”, declaraba. “Es cierto que hay una perimetral dispuesta, que son cuatro o cinco que no pueden acercarse, pero no eran lo que fueron a verlo”, recordó.

El hecho coincidió con el encadenamiento ante Rentas Municipal de “Cucusa” Soria, en reclamo por falta de pagos de obras realizadas, quien a su vez se solidarizó con lo ocurrido con sus pares. Flores señaló que“él (Hernández Berni) hace y deshace, pero en campaña nos van a buscar a nuestras casas”. Los tres detenidos fueron liberados al mediodía, tras la amplia repercusión que tuvo el suceso.

Una encuesta nacional realizada por la consultora Management & Fit mostró que el reciente discurso de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas generó altos niveles de conocimiento público, pero también importantes niveles de escepticismo respecto de las motivaciones del presidente.

El estudio, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, indicó que el 90,3% de los consultados escuchó, leyó o recibió información sobre la cadena nacional dedicada a Malvinas.

Respecto del contenido del mensaje presidencial, las opiniones quedaron divididas: .

Al indagar sobre cuál fue el principal objetivo del discurso, la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas obtuvo el 35,9% de las respuestas, apenas por encima del 34,5% que interpretó que el mensaje buscó posicionamiento o marketing electoral. Un 16,8% señaló que existió una combinación de ambos motivos.

Uno de los datos más significativos del sondeo se refiere a la percepción sobre el cambio de postura presidencial respecto de Malvinas. Luego de recordar declaraciones formuladas por Milei en 2024 sobre la necesidad de una negociación de largo plazo con el Reino Unido, la encuesta preguntó cómo interpretaban el actual endurecimiento del discurso. .

La desconfianza también prevalece respecto del llamado presidencial a dejar de lado las diferencias partidarias en torno a la cuestión Malvinas. El 51,6% afirmó que no le cree ni confía en el Presidente, frente a un 41,7% que manifestó algún grado de confianza.

En cuanto al impacto político de la iniciativa, el 43,7% sostuvo que su imagen de Milei no cambió después del anuncio, mientras que para el 36,5% empeoró y apenas el 17,9% aseguró que mejoró.

La encuesta también exploró las expectativas sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Gobierno. El 33,9% cree que será aprobado por tratarse de una causa nacional, mientras que el 26,1% estima que avanzará con modificaciones durante el debate legislativo. Sumadas ambas respuestas, el 60% considera probable su aprobación.

Por último, más de la mitad de los encuestados, el 55,1%, opinó que la oposición reaccionará de manera crítica al proyecto con fines de campaña, mientras que el 19,8% espera una actitud de acompañamiento institucional a una política de Estado.

La medición fue realizada por Management & Fit entre el 4 y el 6 de septiembre mediante encuestas online e IVR sobre una muestra nacional de 1.000 casos, con un margen de error de ±3,1%.

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El sol acababa de salir por el monte cuando cinco camionetas y tres motos avanzaron por un camino de tierra. Arriba iban 40 policías y miembros de la fiscalía. Recorrieron kilómetros de tierra hasta llegar a un campo de 11.800 hectáreas en Talavera, al este de Salta, muy cerca de Santiago del Estero. Un lugar perdido en el medio de la nada. La ruta más cercana está a unos 11 kilómetros y, por momentos, la señal de celular se pierde. Incluso cuando llueve, algunos caminos se vuelven imposibles.

Para las autoridades, esa distancia convirtió a estas tierras inhóspitas en un blanco fácil. Es que en Salta y Santiago del Estero denuncian que hay bandas que usurpan terrenos, talan montes nativos sin autorización, extorsionan, roban ganado de campos vecinos y explotan a trabajadores. Y en muchos casos cuentan con vínculos políticos.

“Son bandas que ocupan campos y que aprovechan las demoras de la Justicia”, explica Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., la empresa propietaria de la finca Santa Rita. Unas 2.500 hectáreas permanecen en manos de uno de estos grupos de usurpadores desde principios de 2026.

Cuando los policías llegaron al campo de Talavera, encontraron dos campamentos. Según fuentes judiciales, había varias personas, algunas de ellas armadas. El operativo duró tres días. Los oficiales recorrieron los distintos sectores ocupados y secuestraron hachas, motosierras, motoguadañas, puñales, ganchos, lazos, camión con rastra, rollos de alambres y dos pistolas.

Una imagen del campo Agrosol, que estaba usurpado desde principios de año y fue liberado en junio.

También detuvieron a siete personas, acusadas de abigeato (robo o hurto de ganado) y portación de armas de fuego. Cuatro de ellas –Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)– están con prisión preventiva por resolución del Juzgado de Garantías a cargo de Héctor Guzmán.

Por su parte, el juez decidió que Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) sigan el proceso en libertad, aunque la fiscalía no descarta ampliar los cargos de los imputados. Según informaron fuentes judiciales a Clarín, ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

"Otros hallazgos se vinculan a la comisión de otras maniobras delictivas que se continúan investigando, por lo que las responsabilidades pueden ampliarse", aclara a este medio la fiscal Celeste Pisacic.

El campo tiene 11.800 hectáreas y lindera con Santiago del Estero y Chaco.

El modus operandi

Todo comenzó cuando el administrador del campo vio que un grupo de personas instalaron un campamento clandestino en el norte del predio y cortaban postes de quebracho colorado en cantidades enormes. La denuncia fue radicada ante la División de la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.

Según fuentes cercanas a la investigación, la Justicia Penal tiene muchas denuncias de este tipo: grupos vinculados a la política en Salta o Santiago del Estero que usurpan campos e instalan campamentos. Una primera medida que toman al ocupar ilegalmente es romper los alambrados y reemplazarlos.

Luego, cierran caminos e impiden el libre tránsito. El punto máximo llega cuando montan retenes ilegales y con personas armadas en los accesos e interrogan a todos aquel que pasa por la zona.

En las tomas había tala ilegal sin autorización y con riesgo ambiental.

"Este problema viene desde años. La primera denuncia de la empresa fue el año pasado porque había gente que se estaba metiendo. Todo se encrudeció cuando este enero empezaron a cercar los campos y había gente armada, con chalecos", explica Julián Aguilar, abogado de Agrosol.

"Ellos estaban armados, por eso, están detenidos. Amenazaron y golpearon gente, robaron ganado. Las cosas que hicieron fueron muy graves", agrega Neme.

Incluso, en una de las denuncias se mencionó que trabajaba un menor. A partir de esta situación, la Justicia Federal hizo un allanamiento por una posible trata de personas con fines de explotación laboral. Allí encontró cuatro puestos muy precarios con 20 personas en total.

"Estas personas fueron entrevistadas como víctimas de trata en condiciones deplorables, pero no quisieron ser rescatados, quieren seguir trabajando", revela una fuente cercana a la investigación.

Un sistema aceitado para quedarse con las tierras usurpadas

Una vez que usurpan los campos, llega una segunda etapa. Las bandas presentan ante la Justicia civil una usucapión –una medida para adquirir la propiedad de un bien por la posesión continua durante 20 años– junto a una medida cautelar de no innovar.

De esta manera, el juez ordena mantener todo en las mismas condiciones, prohíbe cualquier cambio hasta que no se resuelva el juicio civil. Así estos grupos aprovechan los años que demoran los juicios para explotar los montes nativos y robar ganado de los campos vecinos. Sus dueños no tienen herramientas y quedan paralizados.

Campamentos con árboles talados, explotación laboral y gente armada.

"No lo van a ganar, pero a ellos no les importa eso, sino ganar tiempo para explotar el campo. Ellos estaban metidos y no cumplieron la cautelar. Lo hicimos saber en el juicio civil que ordenó una verificación al lugar. Nosotros pedimos que nos reintegren el campo", explica Aguilar.

Todavía no se resolvió la situación del campo de 11.800 hectáreas. La empresa agropecuaria apunta que el líder de la banda delictiva todavía sigue libre y que las personas detenidas operaban bajo sus órdenes.

La semana pasada, el abogado Mariano Sitelli, que defendía a cinco de los imputados, renunció por falta de pago por parte de sus clientes

Incluso, surge en la causa judicial que había animales secuestrados que pertenecían a los denunciantes.

Otro de los delitos que cometen estos grupos es el abigeato. Clarín accedió a la resolución que ordenó la prisión preventiva de Díaz Juan Dalmasiano (52), Torres Rafael (38), Coccioli Francisco (34) y Barvero Juan Carlos (45). Varios propietarios de campos vecinos denunciaron amenazas y extorsiones.

"Se presentaron en el puesto para exigirle el 50% de todo su ganado bajo la amenaza directa de que si no accedían, encerrarían y cargarían a todos los animales en camiones", dice un extracto.

La presión escaló de tal manera que muchos recibieron llamadas en la que les exigían coimas en efectivo de entre $ 3.000.000 y $ 10.000.000 a cambio de no robar los animales. Algunos accedieron a pagar por miedo. Sin embargo, esto no evitó que los acusados siguieran robando animales de forma sistemática.

Los okupas montaban puestos de control ilegales.

"La banda arreaba animales a la fuerza desde afuera hacia dentro del nuevo alambrado para reclamarlos como propios", dice otra parte de la resolución.

"Ahora están analizando entre 8 o 10 teléfonos. Estamos insistiendo en que se impute la extorsión, acá hay una asociación ilícita. Creemos que el problema es estructural en esa zona", explica Aguilar.

En esa misma línea, una fuente judicial cuenta que estas usurpaciones no suceden solo en Salta, sino que es un problema de varias provincias del norte.

"Por ejemplo, en Santiago del Estero hay dos o tres ciudades que son urbanas y después el mayor porcentaje es rural, todo campo. Entonces, la usurpación de tierras es algo que sucede muchísimo en el interior santiagueño", agrega una fuente judicial.

Un desastre ecológico

Mientras se resuelven los juicios civiles, estas bandas sacan camiones de noche con postes y rollos de árboles de quebracho blanco y colorado, sin autorización. "Están haciendo un desastre económico y ecológico. Explotan animales y hacen mucha plata con la madera", confiesa Aguilar.

Vecinos denuncian que salían camiones por la noche con rollos de árboles quebracho blanco y colorado, sin autorización.

Muchos propietarios denunciaron esta situación ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollos Sustentable de Salta, pero, según explican, le respondieron que no tienen recursos y que llegar hasta esos campos inhóspitos es muy difícil. Para algunos vecinos, estas personas están protegidas y se mueven entre las jurisdicciones de estas dos provincias.

"Le secuestraron cerca de 500 postes de quebracho por fuera de la autorización de desmonte", agrega el abogado.

El campo usurpado es una franja horizontal que lindera el Río Juramento y está a menos de 11 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Estas bandas cargaban el camión a la noche en el este de Salta y en menos de quince minutos lo trasladaban a Santiago.

La gente vive en condiciones precarias.

"La situación actual mantiene la prisión preventiva de cuatro de los acusados para evitar más consecuencias como la explotación ilícita de productos forestales. Cuestiones que fueron abordadas en procura de la sanción personal y la remediación ambiental", cierra la fiscal Pisacic.

Fuente: Clarín

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que representantes sindicales y empresariosno alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario. La actualización comenzó a regir desde el 1 de septiembre y contempla una serie de incrementos mensuales hasta abril de 2027.

A través de la , publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril. Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se incrementará de $1.919 a $2.185 durante el mismo período.

Salario mínimo: el Gobierno fijó aumentos hasta abril de 2027 y llegará a $437.000

La medida fue suscripta por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El esquema alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que se desempeñen como empleadores.

Durante los últimos meses de 2026, el salario mínimo quedará establecido en $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. El nuevo esquema fue definido por el Gobierno ante la falta de consenso entre las partes que participaron de la negociación.

La actualización continuará durante el primer cuatrimestre de 2027. El piso será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente alcanzará los $437.000 en abril. La resolución aclara que las asignaciones familiares quedan excluidas y que, para las jornadas reducidas y los contratos de tiempo parcial contemplados por la normativa laboral, el monto deberá calcularse de manera proporcional.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor de la hora será de $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En 2027, la cifra ascenderá a $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

El nuevo salario mínimo, mes a mes: cuánto se cobrará hasta abril de 2027

• Septiembre de 2026: $383.800 mensuales / $1.919 por hora.
• Octubre de 2026: $391.200 mensuales / $1.956 por hora.
• Noviembre de 2026: $398.800 mensuales / $1.994 por hora.
• Diciembre de 2026: $406.400 mensuales / $2.032 por hora.
• Enero de 2027: $414.200 mensuales / $2.071 por hora.
• Febrero de 2027: $422.000 mensuales / $2.110 por hora.
• Marzo de 2027: $429.600 mensuales / $2.148 por hora.
• Abril de 2027: $437.000 mensuales / $2.185 por hora.

Cómo queda la prestación por desempleo

La resolución también determinó el criterio para calcular la prestación por desempleo contemplada en el artículo 118 de la Ley 24.013. El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que dio origen a la situación de desempleo.

A su vez, la norma fijó un piso y un techo vinculados al salario mínimo vigente. La prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvilni superar el 100% de ese mismo valor.

Por qué el Gobierno definió el aumento

La nueva escala fue establecida después de una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil que terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. De esta manera, el Poder Ejecutivo volvió a quedar a cargo de determinar el valor del piso salarial.

El SMVM establece el ingreso mínimo que corresponde a un trabajador por una jornada legal completa y también funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios. En agosto, el monto vigente era de $376.600, luego de un incremento del 1,13% frente a julio, por debajo de la inflación mensual de 2,1%.

La última reunión del Consejo del Salario se realizó de manera virtual, pese al pedido de los gremios para que fuera presencial. Antes del plenario, se retiraron la CGTy las dos CTA, luego de que no prosperaran las negociaciones entre las partes.

Durante la comisión técnica, las tres centrales sindicales habían presentado una propuesta conjunta para llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre. El planteo tomó como referencia una canasta básica familiar de $1.564.716, aunque los dirigentes gremiales reconocieron que esa cifra no tenía posibilidades de ser aceptada por el Gobierno.

El cotitular de la CGT, Jorge Sola, cuestionó la propuesta empresarial por considerarla insuficiente. También Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la central, anticipó que el sector sindical no respaldaría la oferta patronal ni participaría del plenario destinado a formalizar la decisión.

Los sindicatos también reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad del Consejo del Salario para discutir la situación del empleo y la evolución del mercado laboral.

Del lado empresario participaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representantes de los sectores hotelero, gastronómico y agrario.

La propuesta empresarial contemplaba una suba del 1,8% para septiembre y aumentos del 1,7% mensual entre octubre y abril. Con ese esquema, el salario mínimo habría alcanzado los $468.000 en abril de 2027, una cifra que generó el rechazo de los representantes sindicales por la distancia respecto de sus pedidos.

Fuente: Ambito Financiero

El juicio oral y público contra Daniel Vera, el jubilado chaqueño acusado de realizar amenazas contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas a través de publicaciones en redes sociales, comenzará el próximo 1 de octubre, a las 9.30.

La audiencia fue fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispuso además que las jornadas de debate se desarrollen a partir de ese jueves y continúen todos los jueves sucesivos, en el mismo horario.

Vera seguirá el juicio mediante la plataforma Zoom. El docente de música jubilado permanece bajo prisión domiciliaria desde hace más de un año. La confirmación de la fecha del debate se produce luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario presentado por su defensa, dejando, por el momento, cerrada la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el expediente.

En su última resolución, dictada el 20 de agosto, la Sala III de Casación, con una integración unipersonal del juez Carlos Mahiques, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Vera. El planteo buscaba que la Corte Suprema revisara el rechazo a la suspensión del juicio a prueba —conocida comoprobation— y que se dispusiera la inmediata libertad del imputado.

Las acusaciones

Vera, docente de música jubilado y empleado de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), está acusado de realizar publicaciones bajo el seudónimo “Elpidio Sánchez” en Facebook.

Según la acusación, los mensajes habrían contenido amenazas contra Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exdiputado José Luis Espert y los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann. La causa se inició a partir de tareas de “ciberprevención” y derivó en su detención, procesamiento y posterior prisión domiciliaria.

La acusación incluye los delitos de amenazas anónimas e incitación al odio, a partir de publicaciones que también contendrían expresiones consideradas antisemitas. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el juicio oral deberá determinar si esas expresiones se encontraban amparadas por la libertad de expresión o si constituyeron conductas delictivas.

El rechazo a la probation

En junio pasado, el propio juez Mahiques había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por la defensa. La propuesta incluía una reparación económica, la realización de tareas comunitarias y el cumplimiento de reglas de conducta. Además, los abogados de Vera habían solicitado que se ordenara su inmediata libertad.

En esa instancia, uno de los aspectos que llamó la atención fue la posición del periodista Eduardo Feinmann, quien interviene como querellante particular. Feinmann había prestado conformidad con la posibilidad de otorgar laprobation y tampoco había objetado el pedido de libertad.

El fiscal Nicolás Czizik, en cambio, se opuso al beneficio. Consideró que la gravedad de los hechos y la eventual aplicación de una agravante vinculada con discursos de odio y discriminación hacían necesario que el caso fuera ventilado en un juicio oral y público.

Mahiques terminó avalando la postura del Ministerio Público Fiscal y entendió que la oposición fiscal superaba los controles de legalidad, razonabilidad y logicidad exigidos para que resultara vinculante para el tribunal.

Detención y prisión domiciliaria

Vera fue detenido el 2 de julio de 2025 en su vivienda de Resistencia, durante un operativo realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el procedimiento se secuestraron armas de aire comprimido, cuchillos, computadoras, discos externos y pendrives. Tras la detención, algunos medios se refirieron al caso como el del “temible jubilado” y hablaron del secuestro de un supuesto “arsenal”.

Inicialmente permaneció alojado en una dependencia policial de Resistencia, en condiciones que motivaron la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco. El organismo presentó un hábeas corpus correctivo y la Justicia Federal ordenó garantizar condiciones dignas de alojamiento, atención médica, comunicación con su defensa y evitar su exposición pública.

Posteriormente fue indagado y procesado. Aunque se había dispuesto su traslado a una cárcel federal, la medida finalmente no se concretó y, tras permanecer detenido varios días, comenzó a cumplir prisión domiciliaria.

Distintos pedidos de excarcelación fueron posteriormente rechazados por la Justicia. La defensa sostuvo que, con la investigación ya avanzada, habían desaparecido los riesgos de fuga o de entorpecimiento que inicialmente podían justificar una medida de coerción.

Ahora, con la fecha del debate ya confirmada, Vera enfrentará el juicio oral a partir del 1 de octubre y continuará el proceso desde su domicilio, conectado a las audiencias mediante la plataforma Zoom.

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a marcar la cancha dentro del peronismo y, en las últimas horas, mantuvo una reunión con Pablo Kosiner, histórico dirigente salteño vinculado a Juan Manuel Urtubey y uno de los principales armadores de Fuerza Patria en esa provincia. El encuentro fue difundido por el propio Kosiner, quien publicó una fotografía junto al ex candidato presidencial y dio detalles de la conversación.

“Dialogar por la unidad es fundamental para construir una alternativa en toda la Argentina”, escribió Kosiner este martes en su cuenta de X. Y agregó: “Con Sergio Massa analizamos la situación política, económica y social del país y coincidimos en reafirmar la necesidad de construir una alternativa sólida frente al gobierno nacional”.

El dirigente salteño también planteó que la construcción opositora debe exceder los límites de un acuerdo electoral. “La unidad de todos los sectores políticos y sociales que coincidimos en un modelo nacional, federal y democrático basado en la producción, el trabajo y el desarrollo es esencial para frenar a Milei”, afirmó.

Dialogar por la unidad es fundamental para construir una alternativa en toda la Argentina.

La reunión se inscribe en el despliegue que Massa viene realizando con la mirada puesta en 2027. El líder del Frente Renovadorbusca mostrarse como uno de los dirigentes capaces de articular entre los distintos sectores del amplio espectro de Fuerza Patria y como un eventual garante de una “pax peronista”. Incluso, el dirigente habría recibido el guiño de Cristina Kirchnerante la necesidad de construir una salida de unidad.

Kosiner no es un dirigente más dentro de ese mapa. Fue una de las figuras centrales del armado político de Urtubey durante su paso por la gobernación de Salta y ocupó cargos tanto en la administración provincial como en el Congreso de la Nación.

A comienzos de este año, como titular del PJ nacional, Cristina lo había designado interventor del Partido Justicialista de Salta,una decisión que fue interpretada como un acercamiento al espacio del ex gobernador. Sin embargo, durante agosto, el proceso de normalización del PJ salteño dejó atrás la intervención y Kosiner fue desplazado de ese lugar. Gustavo Sáenz consiguió entonces que su alfil Julio Argentino San Millán quedara al frente del partido en la provincia.

El encuentro con Massa adquiere además otra dimensión por el recorrido territorial que viene realizando el ex ministro. La semana pasada reapareció públicamente en Rosario, donde acompañó a Diego Giuliano en la presentación de su libro, en un acto realizado en el Hotel Aristonque reunió a dirigentes de de la talla de Germán Martínez, Juan Monteverde, Florencia Carignano, Caren Tepp y Marcelo Lewandowski, entre otros.

En aquella oportunidad, Massa volvió a poner la unidad en el centro de su mensaje. “Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos, que un día Diego presente su libro, que otro día Marcelo Lewandowski presente su iniciativa, que Juan Monteverde presente su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos”, sostuvo. Y remarcó: “La unidad es lo más importante. Lo más importante es la unidad”.

Así, la foto con Kosiner se suma a la aparición en Santa Fe y a una serie de conversaciones que colocan nuevamente a Massa en movimiento por fuera de la provincia de Buenos Aires. Con el 2027 a la vuelta de la esquina, el dirigente busca mantener abiertos los canales con distintos sectores y construir una agenda que combine unidad política, presencia federal y una alternativa al gobierno de Milei.

En la sesión ordinaria de este viernes 28 de agosto, el Concejo Deliberante de Tartagal pidió informe sobre la situación del periodista salteño Julio De Vita, expuesta en la Resolución N° 27.676, como empleado comunal de Tartagal; en lo que constituye un grave caso de nepotismo con los aportes tributarios de los tartagalenses.

De Vita, es periodista de Salta Capital y exdiputado provincial recordó la concejal Margarita Rauch quien llamó a la reflexión y se manifestó indignada que se lo categorice como“empleado municipale”, cuando hay gran cantidad de personal que reúne antigüedad y requisitos a la espera.

“Queremos reunión con los gremios para saber cuál es la apreciación que tienen al ver una resolución donde mencionan que el señor Julio Ramón de Vita, cumple funciones desde la Capital de la provincia de Salta; porque es dueño de una radio",expuso la edil Rauch.

La concejal remarcó aún más la gravedad de la situación al observar al jefe de Gabinete, Ignacio Benítez Ocampo, con la liviandad con la que se refirió sobre el caso.  "No me parece justo para aquel empleado que cumple sus funciones con frio con calor”, enfatizó.

Rauch recalcó que es deber del Municipio enviar al Concejo “la resolución que especifique qué es lo que hace Julio de Vita, por qué cumple funciones en Salta Capital; y que remita la nómina de empleados con funciones asignadas, horarios de trabajo y lugar de trabajo, registrados bajo la modalidad de contratados, registrados bajo resoluciones 26.979/24, 27.777/26 y 27.877/26″.